Así como las zonas costeras de Colombia se ven afectadas por el cambio climático, los ecosistemas hídricos del interior del país también piden ayuda.
En todo el mundo el cambio climático ya evidencia su impacto en todos los ecosistemas: la calidad tanto del aire como de la vida y la supervivencia de las especies. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), las zonas más sensibles de Colombia a este fenómeno son las costeras e insulares y los ecosistemas de alta montaña; en los sectores de transporte, energético y agropecuario, afectando la producción de alimentos, la disponibilidad de agua y salud humana, entre otros.
Los ríos colombianos se ubican dentro de cinco vertientes: Caribe, Pacífico, Amazonas, Orinoco y Andina, y cada uno de ellos tiene entre 1 y 6 cuencas que desembocan en más de un centenar de microcuencas, páramos, lagos, lagunas, humedales y otras fuentes hídricas.
Algunas de las fuentes más conocidas son el Nudo de los Pastos (Nariño), el Cerro Caramanta (Antioquia), el páramo de Sumapaz (Cundinamarca), el páramo de Santurbán (Santander y Norte de Santander) y la Sierra Nevada de Santa Marta (Magdalena, Cesar, La Guajira).
Pese a que son el principal sustento hídrico del interior del país, los impactos del cambio climático en los ríos, cuencas hidrográficas y microcuencas (una cuenca que se encuentra dentro de una subzona hidrográfica con área inferior a 500 km2) se han estudiado poco a nivel local, contrario al seguimiento que se hace del impacto de este fenómeno en las zonas costeras y océanos a escala país o por departamentos.
Así lo señala la profesora Viviana Vargas Franco, directora del grupo de investigación Monitoreo, Modelación y Gestión de Cuencas Hidrográficas (GECH) de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Palmira, quien destaca que “Colombia posee microcuencas muy importantes porque el 99,8 % de las cuencas del país proveen de agua a poblaciones, pero no se tienen instrumentos ni análisis para la planeación de las microcuencas. Muchas comunidades de las microcuencas andinas han escuchado sobre el cambio climático, pero cerca del 90 % lo desconocen y no cuentan con herramientas para saber sobre el nivel de vulnerabilidad al cambio climático en sus microcuencas”.
Por su parte el profesor Germán Poveda Jaramillo, del Departamento de Geociencias y Medio Ambiente de la Facultad de Minas de la UNAL Sede Medellín, alertó que “debido a la acción combinada de la deforestación y el cambio climático, los principales ríos del país están exhibiendo tendencias decrecientes en sus caudales. Ambos fenómenos influyen en el régimen hidrológico de las cuencas en Colombia desde las altas montañas porque los glaciares tropicales se están derritiendo a tasas aceleradas”.
Incluso, ocurre que los índices de calidad del agua de los principales ríos del país presentan valores entre malos y muy malos, debido a la presencia de residuos peligrosos en ellos (Ideam, INVEMAR, IIAP e IAvH, 2017).
El docente Poveda explica además que el “cambio climático ha aumentado la frecuencia de los fenómenos de El Niño y de La Niña, incrementando las sequías y olas de calor por el primero, y lluvias intensas, inundaciones, avalanchas y desastres, por el segundo. Estos dos fenómenos son parte de la variabilidad climática natural, pero su frecuencia y magnitud están siendo aumentados y exacerbados por la mano del hombre”.
La vulnerabilidad climática es la susceptibilidad física, económica, política o social que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir daños en caso de que se manifieste un fenómeno desestabilizador natural o antropogénico (causado por el hombre). Eso quiere decir que cuanto más vulnerable ambientalmente esté una comunidad o un espacio hidrográfico (cuencas, microcuencas, ríos, entre otros) mayor incapacidad habrá para enfrentarse a una amenaza o para reponerse después de que ha ocurrido un desastre.
Por esta razón, la docente e investigadora Inés Restrepo-Tarquino, de la Universidad del Valle, y el GECH estudiaron y modelaron la vulnerabilidad de la microcuenca El Chocho, en el Valle del Cauca, a través de un índice genérico construido con inteligencia artificial, datos específicos de la zona y los indicadores presión, estado y respuesta. Dicho índice está constituido por bases de datos que calculan la vulnerabilidad de las cuencas en lugares específicos.
En este caso, la microcuenca El Chocho es estratégica pues provee de servicios ecosistémicos a cerca de 15.000 habitantes y presenta serios problemas socioambientales: “hay un nivel medio de ocurrencia de eventos naturales extremos y una variación de precipitación que va en aumento; además tienen altos índices de contaminación por CO2, problemas de erosión y deforestación posiblemente causados por la ganadería en la parte alta y baja de la microcuenca. Esos niveles de vulnerabilidad pueden generar muchos desastres como inundaciones, sequías e incendios forestales”, relata la profesora Vargas.
“Aquí el resultado no fue favorable, pues el indicador mostró que esta microcuenca presenta un índice de vulnerabilidad malo (60 %) tanto para la zona alta como para la baja, y regular para la media (40 %). Esto obedece a los problemas que se presentan entre las tres zonas, como resultado de la deforestación, aumento de la ganadería extensiva, tránsito de vehículos por el desarrollo vial, actividad minera e industrial y crecimiento poblacional”.
Otro caso similar es el de la cuenca del río Blanco (Nariño), estudiada por Diego Rosero Portilla, magíster en Ingeniería - Recursos Hidráulicos de la UNAL Sede Manizales, quien creó un segundo índice con inteligencia artificial compuesto por 22 indicadores que mostraron la vulnerabilidad del río en cuanto a susceptibilidad, capacidad adaptativa, enfoque social, productivo, ecológico y socioeconómico.
Según la investigación, “la cuenca de este río es el área de captación de agua más importante para el municipio de Ipiales (Pasto), debido a que abastece a toda la población de la cabecera municipal y a los alrededores del volcán Cumbal en Nariño”.
Así, por su desarrollo económico, agrícola y pecuario se ha ido expandiendo hacia la zona de páramo y ha afectado la regulación hidrológica de esta cuenca.
El magíster descubrió que en toda la región de este río hay 27 áreas homogéneamente vulnerables: “el 20 % de la cuenca es altamente susceptible frente al cambio climático por sus características económicas, sociales y económicas, mientras que el 50 % tiene una susceptibilidad media y un 30 % una baja”.
Tanto la profesora Vargas como el investigador Rosero coinciden en que si a las comunidades que habitan la microcuenca El Chocho y el río Blanco no se las dota de estrategias y conocimiento para prevenir o adaptarse al cambio climático, en ambas zonas podrían ocurrir eventos ambientales extremos. Por eso se propusieron crear inteligencias artificiales para que con su información las autoridades ambientales puedan priorizar el monitoreo de estas cuencas.
“Por ejemplo el volcán Cumbal es una de las zonas de riesgo por este fenómeno, pues también persiste el riesgo de sufrir inundaciones rápidas o lentas, avalanchas, caída de granizo e invasión de poblaciones en la zona ribereña de la zona que también puede dañar los ríos, entre otros”, señala el magíster Rosero.
Los recursos hídricos de los páramos tampoco se salvan. Cuando la investigadora Luisa Guerrero Castelblanco, magíster en Geografía de la UNAL Sede Bogotá, evaluó la relación oferta-demanda hídrica en el clima del páramo de Pisba (Boyacá), en los ríos Cravo Sur, Pauto, Casanare y Chicamocha, descubrió que en esta zona la temperatura podrá aumentar en 1,8 °C más, y se disminuirá la precipitación del agua (lluvias, granizo, nieve), lo cual provocará una disminución de la escorrentía (fluido del agua disponible en la cuenca) y habrá menos agua en los ríos para el ecosistema y para la gente que habita en el páramo.
Además aumentarán los conflictos sociales entre la comunidad del páramo por el dominio del agua y la contaminación minera. La magíster Guerrero destaca que “la población agropecuaria está a favor de la protección de la cuenca y trata de reducir el uso excesivo del agua, que se surte de los caudales para los acueductos rurales de la zona”.
No obstante, explica que “los trabajadores mineros de la zona –quienes no cuentan con otra fuente de subsistencia– están en contra ya que afirman que los ambientalistas los sacarán del territorio. Al parecer, los grandes dueños y jefes de estas minas los han desinformado a tal nivel que creen que si cuidan el agua no les ayudarán”.
En septiembre de este año, la Asociación de Acueductos Comunitarios de Tasco (ASOACCTASCO) y la ONG Enda Colombia denunciaron que las minas de carbón abandonadas en el páramo de Pisba están afectando el ecosistema y el recurso hídrico con drenajes de metales pesados como plomo, arsénico, níquel, cadmio y mercurio. Esta contaminación está perjudicando al menos a 3.500 usuarios de las veredas Hormezaque, Pedregal, La Chapa y el acueducto Chorro Blanco, y puede avanzar hacia los afluentes de los ríos Chicamocha y Cravo Sur.
En la línea similar sobre el riesgo de estos ríos, resulta que este fenómeno climático también influye en la fuerza de corrientes de vientos, la generación de lluvias y el clima en los caudales de los ríos. Así lo concluyó un grupo de investigadores de la UNAL Sede Medellín –dirigidos por el profesor Poveda– al estudiar la influencia del Chorro del Chocó de la costa Pacífica colombiana.
En 2016, el equipo realizó campañas de medición en este territorio sobre las condiciones de la atmósfera como temperaturas, presiones atmosféricas, velocidades de los vientos y humedad relativa, entre otras, a través de radiosondas (dispositivo que se cuelga a un globo inflado con helio y sube hacia la atmósfera registrando las variables climáticas) y registro de señales por computador.
Con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), la Dirección General Marítima de la Armada Nacional y el Instituto de Investigación del Desierto, descubrieron que “el Chorro del Chocó es una corriente de vientos que transporta grandes cantidades de vapor de agua desde el océano Pacífico hacia el interior del país; es el mecanismo físico que explica la existencia de esa zona tan lluviosa”, señala el profesor Poveda.
Por todo lo anterior, el docente Poveda alerta que “es necesario entender la acción conjunta del cambio climático y la deforestación: un bosque es como un aire acondicionado natural, si se deforesta se acaba la protección que entrega al ecosistema y causa la exacerbación de las crecidas y las sequías de los ríos”.
Los investigadores Vargas y Rosero hacen un llamado a actuar antes de que sea tarde para bajar la vulnerabilidad: “se necesitan recursos y conocimiento del Estado para que las comunidades sepan en qué niveles están, y las universidades deben apoyar esta gestión tanto técnica como académica para la población”.
Por último, la magíster Guerrero persiste en que las autoridades hagan un acompañamiento en el territorio y se instaure una política pública regional que incluya esquemas de ordenamiento territorial, mayor empleabilidad, educación y eliminación de la desinformación para mejorar la conciencia ambiental frente al agua, proteger los ecosistemas y crear alternativas para las comunidades.
En la Conferencia de las Partes (COP26), Alemania, Noruega y Reino Unido anunciaron la donación de 33,5 millones de dólares para que se refuerce la política nacional contra la deforestación, la cual afecta gravemente las fuentes hídricas.
En el mismo evento el Gobierno nacional se comprometió a proteger el 30 % de las áreas marinas y terrestres para antes de 2022. Según el presidente de la República, Iván Duque, “ya se cuenta con una hoja de ruta para proteger cerca de 16 millones de hectáreas, adicionales a las 12.439.028 que forman parte de las Áreas Marinas Protegidas del país”.
Nuevamente el mandatario hizo referencia a los mares del país y no a las víctimas olvidadas del cambio climático: las cuencas hidrográficas y los ríos.